identificó aproximadamente 400,000 individuos pobres que serían elegibles para programas de asistencia social (seguro de salud subvencionado, transferencias de dinero, entre otros) pero que habían sido excluidos en virtud de no contar con documentos de identidad legal (Banco Mundial 2017). El objetivo del Proyecto de Inversión en Protección Social fue mejorar la cobertura, el alcance y la efectividad de programas de protección social en RD. Sin embargo, en este mismo año de 2007 se emprendió un proceso de desnacionalización incipiente de muchos dominicanos de ascendencia extranjera (mayormente haitiana), en base a resoluciones de la Junta Central Electoral (JCE 2007a, JCE 2007b). Es decir, las autoridades se aprestaron a suministrar la identidad legal dominicana a algunas personas por primera vez mientras que aprovecharon el ejercicio para excluir a otros ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana que ya habían adquirido su nacionalidad dominicana bona fide se encontraron bajo la amenaza de estar despojados de su nacionalidad. Este proceso fue rematado con la Sentencia 168-13. Estas desigualdades preexistentes han sido agravadas bajo la pandemia como se ha demostrado en el presente estudio, poniendo de relieve lo que ya Hayes había conceptualizado mediante su investigación (Hayes 2021). Este señalamiento coincide con lo que se está observando en otros países, durante la pandemia, notablemente en Kenia, Uganda y la India donde la digitalización de la identidad puede tener efectos sobre la distribución de la ayuda humanitaria en virtud de la exclusión de ciertas poblaciones, incluyendo su acceso a vacunas en respuesta a COVID-19 (Privacy International 2021). También es congruente con un estudio anterior, llevado a cabo por OBMICA en Santo Domingo (Morales 2020), que examina la situación de desventaja en que se encuentra la población haitiana y venezolana cuando se trata de reducción de riesgo de desastres, tanto de origen natural como de tipo sanitario en un contexto urbano de Santo Domingo Norte. Por otro lado, hay países que se han abocado a la regularización de migrantes en plena pandemia precisamente por la urgencia de facilitarles el acceso a la protección social. En la región, contamos con el ejemplo de Uruguay que ha integrado un enfoque de derechos humanos en su política migratoria, y que recién aprovechó los operativos de entrega de ayuda humanitaria para facilitar la regularización de migrantes sin docu- mentación nacional. Cuando el Ministerio de Desarrollo Social estaba entregando canastas de alimentos a personas en situación de vulnerabilidad, se sorprendieron por la cantidad de migrantes que no contaban con cédula de identidad por no haber iniciado el trámite de residencia. En vez de negarles la asistencia, armaron un plan conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores para documentar a todos.21 Volviendo al contexto insular, a veces las personas fuera de los programas de asistencia social formales, pueden optar por no visibilizarse por temor a la posible detención y/o deportación (o hasta expulsión “de su propio país” en el caso de personas nacidas en territorio dominicano) hacia Haití si no cuentan con documentación que les acreditan su estatus en el territorio nacional. Hubo una moratoria parcial de las deportaciones durante el inicio de la pandemia. Al tomar el poder el nuevo gobierno de turno a mediados de agosto, se ordenó la reanudación de las deportaciones por vía terrestre, oficialmente a partir del 21 de septiembre de 2020. En la próxima sección se discute lo expuesto por las personas entrevistadas sobre este cambio y su propia experiencia en esta relación. f) Retornos voluntarios e involuntarios a Haití La frontera no es del todo impermeable en esta crisis sanitaria. De hecho, las pautas de la Organización Mundial de Salud (OMS 2020) dan la razón a la República Dominicana y Haití en su mantenimiento de cierta apertura de la frontera, diferente a algunas otras fronteras en la región con consecuencias negativas para migrantes de bajos recursos, sobre todo para las personas que quieren regresar a “casa.” Cifras oficiales, reportadas por la OIM Haití en apoyo a funcionarios en la frontera haitiana, dan cuenta de más de 200,000 retornos espontáneos durante el periodo 17 de marzo de 2020 al 15 de noviembre de 2020 (IOM Haití 2020). Además, las estadísticas oficiales de la DGM (Dirección General de Migración), reportan 23,664 eventos de deportación por vía terrestre en 2020, presumiblemente en su gran mayoría cuando se reanudaron las deportaciones a finales de septiembre de 2020 (Listín Diario 2021a). Por otra parte, el Ministerio de Defensa de RD informa que 31,116 personas (mayormente haitianas) fueron detenidas en la frontera en 2020, de- Comunicación personal entre la autora y una funcionaria del gobierno uruguayo, octubre del 2020. 21. Resumen de Investigación: Impactos del COVID-19 en la población haitiana y sus descendientes en la zona sur de R.D. 27