En primer lugar, las condiciones estructurales de la República Dominicana, donde por varias décadas la inversión en salud ha sido limitada y afecta la preparación para la pandemia. En segundo lugar, la irregularidad del estatus migratorio. La ENI-2017 arroja que entre la población extranjera residente en el país solamente el 27.7% cuenta con carnet o estíquer del Plan Nacional de Regularización; 8.4% con carnet de la Dirección General de Migración; 3.8% con cédula dominicana para extranjeros; y el 2.3% con cédula dominicana (ONE 2018). Estos datos muestran como la irregularidad es el estatus predominante entre la población extranjera en la República Dominicana. Por último, la cobertura de la seguridad social de los/as inmigrantes en la República Dominicana es baja. Según datos de la ENI-2017, el 86.9% de la población inmigrante no contaba con seguro de salud, cifra que aumenta al 95% entre aquellos nacidos en Haití (ONE 2018). La situación de la población descendiente de nacionales haitianos/as es parecida, donde según la ENI-2017 un 80.9% no tiene seguro de salud. La protección a las personas migrantes y apátridas dentro de la respuesta dominicana ante la pandemia por COVID-19 ha estado reducida a la atención dentro del sistema de salud, con las limitaciones que derivan de que miembros de los colectivos no estén cubiertos por las aseguradoras de salud; las pruebas y referimientos realizados en el marco de las intervenciones del Ministerio de Salud Pública en sectores con alta incidencia de casos; y la recepción de ayudas alimentarias o medicamentos mediante apoyo humanitario extra oficial. Se entiende que tiempos excepcionales requieren de medidas especiales como algunos países de la región han mostrado hacia la migración forzada desde Venezuela (OBMICA 2021: 4). Hay una gama de prácticas en América Latina y el Caribe pero a continuación se destacan dos ejemplos en que hay más holgura con la protección de cara a esta población en movimiento. En resumidas cuentas, la política innovadora colombiana, inaugurada en 2021, contempla la regularización de una cohorte de 800,000 migrantes venezolanos con estatus irregular, otorgando un Estatus Temporal de Protección (ETP) de 10 años, incluyendo la residencia. El llamado ETP como prueba de domicilio puede servir para prevenir la apatridia, ayudando a los hijos de progenitores venezolanos nacidos en Colombia adquirir la nacionalidad colombiana. Diferente a otros países de la región, Brasil ha desarrollado una política de reconocimiento a un volumen significativo de venezolanos-as como refugiados-as prima facie en los últimos años. En efecto, cabe preguntar por qué más países de la región no han hecho lo mismo, recordando que la región tiene una trayectoria de interpretación expansiva de la definición de refugiado/a que se plasmó en la “Declaración de Cartagena” (1984) y que ciertos países han incorporado en sus leyes domésticas. Con este trasfondo, hay que apreciar los esfuerzos importantes que RD ha emprendido en 2021 para normalizar el estatus de la población venezolana, aunque distan de las medidas aprobadas por Brasil y Colombia en cuanto a su alcance temporal. Cabe recordar que las personas venezolanas de recién llegada no pudieron aplicar para el Plan de Regularización (2014/2015) que tuvo como requisito el haber llegado al país antes de octubre de 2011. Además, las cifras oficiales muestran un auge en la llegada de personas venezolanas que las autoridades dominicanas calcularon a fines de 2019 en más de 100,000 personas con un estatus migratorio irregular. Actualmente hay un plan especial en curso para la migración venezolana con estatus irregular y se espera que puede cambiar el estatus positivamente para estas personas aunque no otorga la residencia y es un permiso de apenas un año. Es oportuno llevar a cabo este programa en esta coyuntura para visibilizar estas personas y vencer cualquier vacilación que puede haber por parte de las autoridades o las mismas personas migrantes de cara a su inclusión en el plan nacional de vacunación contra COVID-19. Sin embargo, en la medida en que las autoridades dominicanas determinan una hoja de ruta para la sostenibilidad del PNRE en curso desde 2014/2015 en lo que se refiere a la población afectada, mayormente haitiana, hay información sobre cómo gobiernos locales están adoptando medidas pragmáticas para maximizar la cobertura de la vacunación en RD. A partir del 10 de mayo de 2021 un plan local busca incluir a toda persona adulta, sin importar su situación de documentación. En lugares en el sur de la Republica Dominicana,24 con una certificación de las autoridades locales sobre la residencia de facto de la persona y su edad, se busca incluir a todas las personas adultas, independientemente de su estatus documental, en el espíritu de la consigna de la OIM: “Todos afectados por la COVID-19. Todos Movilizados para la recuperación. Todos vacunados equitativamente.” 24. Información proporcionada por CEDESO, el 3 de mayo de 2021. 30 Resumen de Investigación: Impactos del COVID-19 en la población haitiana y sus descendientes en la zona sur de R.D.