Solamente una persona entrevistada reconoce que ha conocido el impacto de coronavirus íntimamente en el círculo familiar inmediato. Marcia, una joven dominicana de ascendencia haitiana del grupo A con documentos restaurados, habla así de su esposo (y a la vez explica que ella misma no fue contagiada, según la prueba negativa que ella recibió): “Ahí, ya la situación como quien dice, ya yo vivía con él en la casa, pero su té yo le hacía su té activamente. Él tenía los síntomas y después a lo mucho fue que le detectaron eso en el trabajo, tú sabes que él trabaja en el consorcio”.11 c) Impacto económico Las personas apátridas y la población migrante haitiana vivían en una situación económica precaria antes de la pandemia. El confinamiento y las medidas de toque de queda han tenido efectos sobre su capacidad para ganarse la vida. Durante muchos meses ha habido menos trabajo disponible (ebanistería, construcción, servicios de transporte y trabajo doméstico remunerado, entre otros). Mismo para estas personas en trabajo informal como las ventas ambulantes (boletos para la lotería, comida) que no pueden circular o ganarse la vida como antes porque hay menos dinero circulando en la comunidad. Para las mujeres en el sector de trabajo doméstico remunerado, muchas fueron enviadas a sus casas durante varios meses, sin forzosamente un pago compensatorio, reconociendo que los contratos son mayormente orales en este sector. Otras personas siguieron trabajando y, aunque con equipo preventivo, expuestas al contagio en su lugar de trabajo. Algunas personas reportan salarios más bajos en la agricultura y en la venta de boletos de lotería aunque se les exige la misma cantidad de horas que antes de la pandemia. Como resultado, muchas familias tienen dificultades para comprar necesidades básicas. A finales de 2020 la canasta básica mensual nacional costaba RD$36,936.17, de acuerdo al Banco Central. Como lo expresa Pierre, un migrante haitiano, de 34 años, inscrito dentro del PNRE, al responder sobre el impacto de COVID-19: “Uno coge lucha para trabajar y comprar comida. Ahora todo está caro y casimente no hay trabajo”. El consorcio azucarero central (CAC), de gerencia guatemalteca, es un empleador significativo en la zona y utiliza medidas para detectar y controlar COVID-19 dentro del ámbito laboral. Las restricciones de movimiento han tenido impactos más severos en relación con los derechos económicos de personas apátridas o migrantes en situación irregular, puesto que la manera de ganarse la vida ha sufrido contratiempos. Varios hombres entrevistados trabajan en la industria azucarera, empleados por el consorcio central azucarera. Los inicios de la pandemia en el país tuvieron un traslape con el llamado “tiempo muerto,” al terminar la zafra, de manera que es este tiempo en que los trabajadores-as están obligados a buscar otro medio de sustento o tal vez regresar a Haití si son “congos” (o sea personas migrantes de recién llegada que no tienen tanto arraigo en el país). Todas las entrevistas fueron hechas en el mes de octubre antes del comienzo de la próxima zafra a finales de 2020. Como explicó Alberto, uno de los trabajadores entrevistados, un dominicano de ascendencia haitiana del grupo B que se registró en el PNRE cuando la Ley 169-14 se lo permitió: “No. Ese cultivo tiene su tiempo. Cortan hasta llegar a ese tiempo y ahí paran. Ellos no se pararon por el COVID, ellos se pararon porque llegaron a la meta que tenían que llegar. Porque los demás siguen trabajando.” Otro trabajador, Roberto, también dominicano de ascendencia haitiana del grupo B que se registró en el PNRE cuando la Ley 169-14 se lo permitió, coincide: “Ahora mismo no estoy trabajando porque es temporal. Entro el 28 de noviembre para la zafra. Pero sí nos daban equipo de protección: guante, mascarilla, lentes y botas…… Fue prácticamente en la zafra que se declaró el COVID y terminamos la zafra en mayo. La terminamos bien. Ningunos de nosotros nos enfermamos, siempre nos manteníamos a distancia.” Los relatos dan cuenta de poco movimiento en la construcción y la gente entrevistada apoyándose más bien en agricultura de subsistencia, como nos narra Jean, un migrante nacido en Haití inscrito en el Plan Nacional de Regularización para Extranjero (PNRE), que tiene 48 años. “Yo trabajo en construcción, pero en este momento la cosa está un poco dura, tú sabes que uno va avanzando en la edad y yo sufro de azúcar también [diabetes] eso me ha impedido hacerlo… Bueno, cuando me ceden el conuquito12 yo siembro.” 11. En RD, es una pequeña parcela de terreno dedicado a cultivos, mayormente para el auto consumo. 12. 22 Resumen de Investigación: Impactos del COVID-19 en la población haitiana y sus descendientes en la zona sur de R.D.