Introducción
El COVID ha revelado las desigualdades preexistentes
en cada sociedad. El último Informe de Desarrollo Humano 2020 “La próxima frontera: El Desarrollo Humano y el Antropoceno” (PNUD 2021) destaca que el país
pierde 21 puntos en la medición del desarrollo humano
debido a las crecientes desigualdades. Los niveles de
desigualdad social prevalentes en el país incrementan
la vulnerabilidad de determinados grupos de personas,
no solo por las inequidades en los ingresos, sino también por el acceso diferenciado a servicios básicos,
salud y protección social. Dentro de estos grupos en
situación de vulnerabilidad sobresalen las poblaciones
de inmigrantes y sus descendientes, en especial aquellas que se encuentran en una situación de irregularidad migratoria o sin documentación que acredite su
nacionalidad dominicana.
De acuerdo con la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL 2016), existen tres ejes estructurantes de la desigualdad social en América Latina: las desigualdades étnicas y raciales y su cruce
con las desigualdades de género; el encadenamiento
de las desigualdades a lo largo del ciclo de vida y las
desigualdades territoriales. En el contexto dominicano,
donde se observa una desigualdad estructural a lo largo de su población, la condición tanto de la población
haitiana como la población descendiente en situación
de apatridia propicia un mayor nivel de desventaja.
En la República Dominicana una dimensión importante
de la desigualdad social sigue siendo el acceso a documentación de identidad para migrantes y sus descendientes nacidos en el país. La documentación de
identidad facilitaría su acceso a la salud y programas
de protección social, que son servicios que salvan vidas en momentos críticos como el actual. ¿Cómo la
República Dominicana puede subsanar los problemas históricos de exclusión social para construir
un futuro mejor?
Este research brief resume los hallazgos de un estudio
sobre los impactos del COVID-19 en la población migrante haitiana y sus descendientes en la zona sur de
la franja fronteriza en República Dominicana. El propósito es apostar por la reanudación del diálogo sobre el
asunto urgente de regularización migratoria y acceso
al registro civil para dominicanos/as que residen en las
zonas más marginadas del país, no solo como tema de
derechos humanos sino también como asunto pragmático de reconocimiento de la interdependencia de
nuestra salud y bienestar colectivo.
Cabe notar que el 1 de abril de 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió sus
primeras recomendaciones hacia los Estados sobre la
participación de las fuerzas militares en los procesos
migratorios en las fronteras. Los instó a adoptar políticas “que estén orientadas a respetar y garantizar los
derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y con necesidades de protección”, que respeten la
unidad familiar y el principio de no devolución. Destacó
una serie de medidas dispuestas por los Estados que
deben cesar inmediatamente porque constituyen una
amenaza para las personas migrantes y refugiadas.
Estas recomendaciones son oportunas a la luz de los
nuevos retos emergentes a lo largo de América Latina y
el Caribe respecto a fronteras en tiempos pandémicos.
Con la crisis de salud que persiste nota lo siguiente.
Resumen de Investigación: Impactos del COVID-19 en la población haitiana y sus descendientes en la zona sur de R.D.
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