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cabo previamente en el norte del estado de Rakáin, mediante el uso de incendios
intencionados y violencia, así como el uso ilícito de la fuerza por agentes no estatales,
Expresando preocupación por que, en el norte del estado de Rakáin, las políticas
aplicadas por el ejército de Myanmar bajo el pretexto del desarrollo económico y la
reconstrucción y la intensa militarización de la zona han alterado la estructura
demográfica, lo que contribuye a impedir que los miembros de la población
desplazada de musulmanes rohinyás retornen a su lugar de origen u otro lugar de su
elección en el estado de Rakáin,
Destacando la necesidad de que cesen de inmediato todas las formas de
violencia, se reduzcan las tensiones y se proclame un alto el fuego duradero en todo
Myanmar, y que el mejor modo de que todo ello se produzca es el diálogo entre todas
las partes,
Subrayando la necesidad de reanudar los esfuerzos de consolidación de la paz y
su importancia para la construcción estatal y nacional inclusiva,
Poniendo de relieve la importancia de apoyar el liderazgo y la participación
plena, igualitaria y significativa de las mujeres en la construcción inclusiva del Estado
y de la nación, especialmente ampliando su potencial en Myanmar como
multiplicadoras de la paz, promoviendo la cohesión social entre las diferentes
comunidades étnicas y religiosas, y, en consecuencia, acogiendo con satisfacción el
desarrollo de la plataforma sobre las mujeres y la paz y la seguridad en Myanmar,
cofacilitada por la anterior Enviada Especial del Secretario General sobre Myanmar
y la anterior Ministra de Relaciones Exteriores de nndonesia,
Reiterando su grave preocupación porque, a pesar de haber vivido en Myanmar
durante generaciones antes de la independencia del país, con toda la documentación
y participando activamente en la vida gubernamental y cívica, la minoría rohinyá se
convirtió en apátrida en virtud de la promulgación de la Ley de Ciudadanía de 1982
y finalmente, en 2015, fue desposeída de su derecho a participar en los procesos
electorales,
Reafirmando que la negación de la ciudadanía y los derechos conexos a
musulmanes rohinyás y a otras minorías, incluido el derecho de voto, es un grave
problema de derechos humanos,
Poniendo de relieve nuevamente el derecho de todos los refugiados a retornar a
sus hogares y la importancia de que los desplazados internos puedan efectuar ese
retorno, y que este debería hacerse en condiciones de seguridad y dignidad y de
manera voluntaria y sostenible, y recordando a la comunidad internacional la
responsabilidad colectiva que le incumbe respecto de los desplazados por la fuerza en
la región, incluidos los musulmanes rohinyás y otras minorías,
Expresando preocupación por los movimientos marítimos irregulares de
rohinyás, que arriesgan su vida en condiciones peligrosas a manos de tratantes y
traficantes explotadores, lo cual pone de relieve lo desesperado de su situación y la
necesidad de afrontar las causas profundas de su vulnerabilidad de forma urgente,
Alarmada por la afluencia continua de Myanmar a Bangladesh durante los
últimos cuatro decenios y porque, con el nacimiento de 32.000 niños cada año en los
campamentos ubicados en Bangladesh, ya hay en este país alrededor de 1,2 millones
de rohinyás, la mayoría de los cuales llegaron después del 25 de agosto de 2017, a
raíz de las atrocidades cometidas por el ejército de Myanmar, cifra que incluye las
45.000 personas que han cruzado la frontera hacia Bangladesh desde junio de 2024,
como consecuencia de la intensificación del conflicto armado en el norte de Rakáin,
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