e) Programas de protección social
Bien antes de la pandemia, los estudiosos-as habían
comenzado a examinar el tema de la posible exclusión
de poblaciones marginalizadas en programas innovadores de protección social. En el caso que nos ocupa,
Eve Hayes subraya las posibles deficiencias en cuanto a prácticas de identidad legal, promovidas por el
Banco Mundial el sistema de Naciones Unidas y por el
Banco Interamericano de Desarrollo, BID (Hayes 2021).
Advierte que las políticas que estimulan el registro en
masse de poblaciones nativas descendientes de migrantes pueden también traer a colación el asunto espinoso de nacionalidad, desestabilizando identidades
de larga data de personas con derechos adquiridos a
la nacionalidad del país donde nacieron.
Esta tendencia a la exclusión de ciertas poblaciones
de la protección social que Hayes retrata en el caso
de RD podría verse agravada bajo la pandemia, tal y
como se manifiesta en muchas entrevistas realizadas
en el marco del presente estudio.
Tanto las personas migrantes como las personas apátridas que carecen de documentación dominicana se
han quedado fuera de los programas ampliados de
protección social ejecutados para mitigar el impacto
de la pandemia.
En el caso de las medidas económicas, estas han estado vinculadas principalmente con estímulos que mitiguen la pérdida de ingresos de empresas y personas
físicas, en especial para la protección del empleo. En
el caso de las empresas, se puede observar en el listado de las medidas principalmente la flexibilización del
pago de impuestos al estado producto de sus operaciones, así como de otras responsabilidades financieras. En el caso de las medidas orientadas a las personas físicas, estas incluyen los programas que aseguran
una parte del ingreso de los trabajadores formales a
partir de subsidios estatales (Programa “FASE I y II”)
y aquellos orientados a los trabajadores informales
(“Quédate en Casa” y “Pa’ Ti”).
Algunas medidas que pueden considerarse como
transversales incluyen aquellas relacionadas con los
servicios de protección social y humanitaria, como
es la ampliación de los beneficios derivados por los
programas “Solidaridad”, la entrega de raciones alimentarias en las comunidades, entre otras. También
los protocolos sanitarios que resguardan la salud de
los trabajadores en la fase de desescalada del cese o
disminución de las actividades económicas; y aquellos
estímulos a sectores esenciales como la producción
alimentaria.
“Con las medidas tomadas en marzo para enfrentar al COVID-19 el 75% de la población del
PNRE ha perdido sus ingresos. El 25 % restante,
corresponde al sector alimentario en toda su cadena de producción y distribución, como el del
servicio doméstico que se han visto menos afectados. Tres de cada cuatro migrantes del PNRE,
cerca de 144,413, han perdido sus ingresos…
La población del PNRE que ha perdido ingresos
y trabajos no está cubierta por las medidas de
mitigación del impacto económico Quédate en
Casa, FASE y PATI van dirigidos a población dominicana en condición de pobreza y a quienes
han perdido sus empleos formales.”
Fuente: Jefe de Misión de la OIM, Santo Domingo
en País Dominicano Temático, julio de 2020.
Entre las personas entrevistadas, su inclusión en las
medidas dirigidas a paliar los efectos de COVID-19
depende crucialmente del tipo de documentación
y estatus legal que tenga. En el caso de las personas inelegibles, las ONG y organizaciones internacionales humanitarias ayudan una parte de las personas
en estos grupos marginalizados, aunque no de manera
comprensiva. Parece que el gobierno confía en este
tipo de ayuda extra oficial, complementaria para personas apátridas o en la condición de migrantes para
eximirle de responsabilidades estatales hacia personas que residen en su territorio pero que no ostentan
documentación dominicana en la actualidad.
Nadia, una mujer apátrida de 25 años, con tres hijos
apátridas, lamenta la exclusión de personas indocumentadas de los programas gubernamentales para mitigar el impacto económico de COVID-19. A pesar de
haber registrado para naturalizarse como dominicana
bajo la operación de la Ley 169-14 en 2014 y haber
recibido el documento de la regularización, no figura
en la lista de 50 personas que el presidente ha autorizado naturalizarse, entre los 7,147 descendientes de
migrantes haitianos quienes se registraron y fueron
aprobados en 2014/2015. El estatus de Nadia se ha
caducado y no queda claro cómo renovar su estatus
con miras a proceder a naturalizarse como dominicana. Se siente discriminada al no recibir ayuda oficial
durante la crisis del coronavirus:
Resumen de Investigación: Impactos del COVID-19 en la población haitiana y sus descendientes en la zona sur de R.D.
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