histórica de las personas que han sido marginadas de las comunidades políticas por carecer del título de ciudadanas o nacionales en sus lugares de nacimiento o residencia. El segundo capítulo se adentra en la dimensión jurídica de la nacionalidad. Se examinan los antecedentes normativos conducentes a la proclamación de aquella como un derecho humano por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y se estudia el contenido de este derecho, así como los límites que el derecho internacional impone a los Estados en un asunto en el que tienen competencia exclusiva y, por lo tanto, un amplio margen de discreción. El trabajo continúa con el análisis de los principales instrumentos internacionales sobre apatridia en el tercer capítulo. Se trata de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, y la Convención para reducir los casos de apatridia de 1961. Se estudia la protección que ofrece la primera de ellas a las personas afectadas por la apatridia, y se analizan los mecanismos que ofrece la segunda para reducir y prevenir la apatridia. En este capítulo se aborda también el papel del ACNUR y su mandato específico en materia de apatridia, su recorrido histórico, y se detallan los objetivos y resultados provisionales de su Plan de Acción Mundial para Acabar con la Apatridia (2014-2024). Los dos últimos capítulos se dedican al estado de la cuestión en el Estado español, desde la perspectiva de la identificación y protección de personas apátridas (capítulo cuarto) y de la prevención y reducción de la apatridia (capítulo quinto) en España. Para la identificación de personas apátridas en el territorio se acude a diversas fuentes estadísticas para conocer la magnitud de este problema. Con respecto a la protección de las personas apátridas, y con la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 en mente, se examina la normativa aplicable y se presta especial atención al estatuto de apátrida como instrumento esencial de cobertura jurídica de personas carentes de una nacionalidad en España. Se analiza su procedimiento y el contenido de su protección. El quinto y último capítulo se examina el ajuste del ordenamiento jurídico español a las disposiciones de la Convención para reducir los casos de apatridia de 1961. La protección del estatuto de apátrida no puede ser nunca un sustitutivo de la posesión de una nacionalidad, por lo que se estudian los mecanismos existentes en el ordenamiento para que las personas apátridas 18