La implementación de la Ley 169-14, que supuestamente vendría a resolver la situación de apatridia, ha sido lenta, parcial y llena de obstáculos administrativos. Las prácticas de obstaculización han sido bien documentadas por varios organismos internacionales (CIDH 2015:47-144). De acuerdo con un estudio regional reciente: En República Dominicana se ha dado a conocer que a partir de la proclamación de la Ley 169-14, la inscripción de nacimientos de hijos nacidos en suelo dominicano de progenitores extranjeros o parejas mixtas han presentado varios desafíos para poder cumplir con la exigencia de diversos requisitos que se solicitan y que en algunos casos se han considerado extralegales (ACNUR y OEA 2020a: 86). Junto a la sociedad civil dominicana, organismos internacionales (incluyendo ACNUR, UNFPA, UNICEF) y regionales (OEA, CIDH) siguen apostando por el diálogo con el Estado dominicano para concluir la implementación e identificar soluciones para quienes no pudieron acogerse a los procedimientos establecidos por la Ley. Del grupo A, unas 34,947 personas aún no han recuperado su nacionalidad dominicana como se había ordenado en la Ley 169-14. Además, hay personas con documentos suspendidos que no figuran en la lista producida por la JCE. Del grupo B, ni una sola persona registrada bajo el régimen especial establecido por la Ley 169-14 ha sido naturalizada a pesar de los decretos presidenciales que se explicarán a continuación. Gran parte de este grupo ha permanecido con cédulas de extranjero o carnet de regularización que ya se ha caducado, sin que las instituciones competentes hayan definido los procedimientos para la renovación y eventual naturalización. Durante sus últimos días en la presidencia en julio del 2020 el anterior presidente Danilo Medina autorizó la naturalización de 749 niños/as y adolescentes (NNA) mediante el Decreto 262-20, casi todos acompañados por el ACNUR y las organizaciones de sociedad civil asociadas. Para mayo del 2021 aún no se había implementado el Decreto, y se habían interpuesto unas tres acciones de inconstitucionalidad contra el Decreto 262-20, todas presentadas por individuos que pertenecen a un grupo reducido de nacionalistas que han objetado toda acción de regularización y naturalización desde sus inicios. Además de los 749 NNA, al menos 1,829 personas habían depositado sus solicitudes de naturalización ante el MIP. El 30 de abril de 2021, el actual presidente, Luis Abinader, firmó el Decreto 29721 concediendo la nacionalidad dominicana mediante naturalización a 50 personas que aplicaron al procedimiento de la Ley 169-14. Sin embargo, la misma Ley 169-14 y su reglamento de aplicación 250-14 han creado una calle sin salida para la población interesada, dado que remiten al procedimiento ordinario de naturalización (establecido por la Ley 1683, de 1948, modificada por la Ley 4063 de 1955) el cual requiere pasaporte del país de origen, entre otros requisitos que son imposibles de cumplir. Se considera necesario aclarar de forma transparente los términos en los que los Decretos 262-20 y 297-21 serán implementados, y que el Poder Ejecutivo instrumente la naturalización del resto del grupo B registrado. Además de los grupos A y B, existen por lo menos dos colectivos más que no gozan de su derecho a la identidad y nacionalidad: grupo B2 y descendientes de parejas mixtas. El ACNUR utiliza el término “grupo B2” para referirse al universo poblacional compuesto por aquellas personas que, cumpliendo con los requisitos establecidos en el literal B del artículo primero de la Ley 169-14, no pudieron o no quisieron acogerse al procedimiento de registro durante los 180 días que el mismo permaneció abierto2, y para las cuales, actualmente no existe una vía legal de acceso a la nacionalidad dominicana. Parejas mixtas es un término acuñado por OBMICA en nuestra publicación Género y el riesgo de apatridia para la población de ascendencia haitiana en los bateyes de República Dominicana (Petrozziello et al. 2014 y 2017), para identificar a las y los descendientes que tienen al menos un progenitor dominicano y uno extranjero. Cuando la madre es extranjera indocumentada, se le dificulta el acceso al registro civil dominicano aunque el padre sea nacional con cédula (OBMICA 2018).3 Hoy día esta casuística es ampliamente tomada en cuenta por los actores nacionales e internacionales que trabajen la temática; sin embargo, aún no se La ley estableció un periodo de 90 días para el registro, pero en la práctica se extendió por 90 días más. 3. Para conocer más acerca de la problemática y los esfuerzos en curso para resolverla, ver el vídeo “Libertad: la historias de las y los hijos de parejas mixtas” (OBMICA 2019), https://youtu.be/ NPy98MEZztU 2. Resumen de Investigación: Impactos del COVID-19 en la población haitiana y sus descendientes en la zona sur de R.D. 17