identificó aproximadamente 400,000 individuos pobres que serían elegibles para programas de asistencia
social (seguro de salud subvencionado, transferencias
de dinero, entre otros) pero que habían sido excluidos
en virtud de no contar con documentos de identidad
legal (Banco Mundial 2017).
El objetivo del Proyecto de Inversión en Protección
Social fue mejorar la cobertura, el alcance y la efectividad de programas de protección social en RD. Sin
embargo, en este mismo año de 2007 se emprendió un
proceso de desnacionalización incipiente de muchos
dominicanos de ascendencia extranjera (mayormente
haitiana), en base a resoluciones de la Junta Central
Electoral (JCE 2007a, JCE 2007b). Es decir, las autoridades se aprestaron a suministrar la identidad legal
dominicana a algunas personas por primera vez mientras que aprovecharon el ejercicio para excluir a otros
ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana que
ya habían adquirido su nacionalidad dominicana bona
fide se encontraron bajo la amenaza de estar despojados de su nacionalidad. Este proceso fue rematado
con la Sentencia 168-13. Estas desigualdades preexistentes han sido agravadas bajo la pandemia como se
ha demostrado en el presente estudio, poniendo de relieve lo que ya Hayes había conceptualizado mediante
su investigación (Hayes 2021).
Este señalamiento coincide con lo que se está observando en otros países, durante la pandemia, notablemente en Kenia, Uganda y la India donde la digitalización de la identidad puede tener efectos sobre
la distribución de la ayuda humanitaria en virtud de
la exclusión de ciertas poblaciones, incluyendo su
acceso a vacunas en respuesta a COVID-19 (Privacy International 2021). También es congruente con un
estudio anterior, llevado a cabo por OBMICA en Santo
Domingo (Morales 2020), que examina la situación de
desventaja en que se encuentra la población haitiana
y venezolana cuando se trata de reducción de riesgo
de desastres, tanto de origen natural como de tipo
sanitario en un contexto urbano de Santo Domingo
Norte.
Por otro lado, hay países que se han abocado a la regularización de migrantes en plena pandemia precisamente por la urgencia de facilitarles el acceso a la protección social. En la región, contamos con el ejemplo
de Uruguay que ha integrado un enfoque de derechos
humanos en su política migratoria, y que recién aprovechó los operativos de entrega de ayuda humanitaria
para facilitar la regularización de migrantes sin docu-
mentación nacional. Cuando el Ministerio de Desarrollo Social estaba entregando canastas de alimentos a
personas en situación de vulnerabilidad, se sorprendieron por la cantidad de migrantes que no contaban
con cédula de identidad por no haber iniciado el trámite de residencia. En vez de negarles la asistencia,
armaron un plan conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores para documentar a todos.21
Volviendo al contexto insular, a veces las personas
fuera de los programas de asistencia social formales,
pueden optar por no visibilizarse por temor a la posible
detención y/o deportación (o hasta expulsión “de su
propio país” en el caso de personas nacidas en territorio dominicano) hacia Haití si no cuentan con documentación que les acreditan su estatus en el territorio
nacional. Hubo una moratoria parcial de las deportaciones durante el inicio de la pandemia. Al tomar el poder el nuevo gobierno de turno a mediados de agosto,
se ordenó la reanudación de las deportaciones por vía
terrestre, oficialmente a partir del 21 de septiembre de
2020. En la próxima sección se discute lo expuesto
por las personas entrevistadas sobre este cambio y su
propia experiencia en esta relación.
f) Retornos voluntarios e involuntarios a Haití
La frontera no es del todo impermeable en esta crisis sanitaria. De hecho, las pautas de la Organización
Mundial de Salud (OMS 2020) dan la razón a la República Dominicana y Haití en su mantenimiento de cierta
apertura de la frontera, diferente a algunas otras fronteras en la región con consecuencias negativas para
migrantes de bajos recursos, sobre todo para las personas que quieren regresar a “casa.” Cifras oficiales,
reportadas por la OIM Haití en apoyo a funcionarios
en la frontera haitiana, dan cuenta de más de 200,000
retornos espontáneos durante el periodo 17 de marzo
de 2020 al 15 de noviembre de 2020 (IOM Haití 2020).
Además, las estadísticas oficiales de la DGM (Dirección General de Migración), reportan 23,664 eventos
de deportación por vía terrestre en 2020, presumiblemente en su gran mayoría cuando se reanudaron las
deportaciones a finales de septiembre de 2020 (Listín
Diario 2021a). Por otra parte, el Ministerio de Defensa de RD informa que 31,116 personas (mayormente
haitianas) fueron detenidas en la frontera en 2020, de-
Comunicación personal entre la autora y una funcionaria del
gobierno uruguayo, octubre del 2020.
21.
Resumen de Investigación: Impactos del COVID-19 en la población haitiana y sus descendientes en la zona sur de R.D.
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